Multidisciplin@

ISSN: 2007-4395

Ideología, legitimación y aplicación de la pena en México

En el presente trabajo se analiza la influencia de la ideología en el sistema penal, su incidencia en el aspecto teórico y práctico y la utilidad que la aplicación de la pena representa para los fines del Estado, a través de una visión tanto histórica como actual, a fin de proponer alternativas que redunden en menos ejercicio del Derecho Penal, y en específico de la pena de prisión.

Guadalupe Leticia García García

Introducción

¿Puede una norma penal ser muestra de la ideología y tipo de sociedad de una época determinada?

Procedamos a la lectura de las siguientes normas penales:

-Art. 979. No se impondrá sanción alguna al que sorprendiendo a su cónyuge en el momento de cometer adulterio, o en un acto próximo a su consumación, mate a cualquiera de los adúlteros o a ambos…

-Art. 980 C.P. 1929: Tampoco se impondrá sanción al padre que mate a su hija que esté bajo su potestad, o al corruptor de aquélla o a ambos, si lo hiciere en el momento de hallarlos en el acto carnal o en uno próximo a él…

Estamos hablando de los artículos 979 y 980 respectivamente del Código Penal de 19291. Con la lectura de estos dos preceptos podemos darnos cuenta claramente del tipo de sociedad imperante en nuestro país en el primer tercio del Siglo XX. Aparece como bien jurídico supremo y tutelado, por encima de la vida, el honor del varón. La mujer es una simple cosa de su propiedad cuyo homicidio se justifica en defensa precisamente del honor.

Rejas

La ideología permeará muchos aspectos de la vida social, pero su sello quedará impreso sobre todo en las normas penales. Las conductas que se consideren ilícitas y las penas que se apliquen responderán siempre a las necesidades del Estado, y para implementarlas, éste lo hará siempre a través de la ideología.

A través del presente ensayo se mostrará esa sutil forma del Estado de implantar tal ideología, los mecanismos para hacerlo y finalmente la justificación con la que el Derecho Penal por él creado debe ser acatado por sus gobernados.

Preámbulo teórico: Las penas y las medidas de seguridad. Ámbitos de aplicación (penal y administrativo)

La pena es esencialmente un mal, implica la pérdida para el delincuente de algo que tiene, puede ser su patrimonio (multa), su libertad (pena privativa de libertad), alguna parte de su cuerpo (mutilación, pena corporal) o incluso su vida (pena de muerte) y el objetivo de su aplicación es prevenir la comisión de delitos.

Existen casos, sin embargo donde no puede ser aplicada una pena por las características especiales del delincuente (inimputables). En su sentido estricto de interpretación, la medida de seguridad pretendería aplicar el “aseguramiento” necesario para que el delito no se cometiera, sin embargo, se aplica al sujeto una vez que ya cometió un delito, es decir, funcionará con el mismo objetivo que la pena y técnicamente igual que ésta, es decir, a posteriori.

Teóricamente, en la escuela clásica la medida de seguridad se definió como una medida de buen gobierno encaminada a evitar la comisión de futuros delitos Más recientemente se habla de que en algunos casos es necesario acudir a un medio específico como es la medida de seguridad para sustituir o completar la pena imposible, inadecuada o insuficiente. Así pues las medidas de seguridad se entienden como una reacción contra los sujetos anormales que presentan una alteración no transitoria y que no pueden ser objeto de pena al carecer de culpabilidad2.

Atendiendo a la teoría de las medidas de seguridad, se puede decir que nuestro sistema es dualista, es decir, pueden aplicarse tanto la pena o la medida de seguridad o ambas si fuese necesario. Desde la perspectiva del Código Penal del Distrito Federal, las penas y las medidas de seguridad son separadas, y entre estas últimas se encuentran la supervisión de la autoridad, la prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, el tratamiento de inimputables o imputables disminuidos y el tratamiento de deshabituación o desintoxicación3.

Por otro lado, la aplicación de sanciones por parte del Estado puede ejercitarse desde el ámbito administrativo y estaríamos hablando de infracciones a Reglamentos o a bandos de policía y buen gobierno, por ejemplo. En este sentido se tienen ilícitos penales e ilícitos administrativos. Los teóricos diferencían uno y otro desde puntos de vista cualitativos (por el órgano que lo aplica, por el bien jurídico que daña) y cuantitativos (por la cantidad de sanción que aplica)4. Las sanciones administrativas, se dice, son menores que las penales, y esto sería cierto si se compara el arresto5 con la pena de prisión, sin embargo sería interesante hacer un comparativo en lo que se refiere a multas, ya que éstas pueden ser mucho mayores en el campo administrativo. Ya desde aquí podemos apreciar el sentido “económico” de la sanción (administrativa o penal).

Ideología

Louis Althusser6 es el autor que más claramente explica el “uso” de la ideología por el Estado para la consecución de sus fines. Si bien el enfoque usado es desde la perspectiva marxista, son rescatables para efecto de nuestra presentación los siguientes planteamientos.

El Estado sólo tiene sentido en función del poder que ejerce. Este poder es ejercido a través de dos vías:

  • Aparatos Represivos del Estado: que corresponden al gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, etc. Estos aparatos son observables, de dominio público, funcionan mediante la violencia ya que usan primordialmente la represión y sus agentes son los militares, la policía, los políticos, administradores, etc.
  • Aparatos Ideológicos del Estado: se refiere al aparato escolar, familiar, sindical, de información, cultural (valores, tradiciones, literatura, arte, etc.), no son visibles inmediatamente, son de dominio privado, funcionan mediante ideología y sus agentes son los profesores, sacerdotes, padres de familia, etc.

En este sentido, si se habla del aspecto religioso, por ejemplo, si toda la sociedad del Distrito Federal fuera realmente religiosa y en un supuesto, respetara al pie de la letra los diez mandamientos (no matarás, no robarás…) la sociedad de dicha entidad federativa no tendría ningún problema en cuanto a delincuencia. En este sentido se habla de la vigilancia policíaca y el pastoreo de hombres7, ya que los buenos marchan solos, no necesitan de vigilancia y menos de castigo, ya que nunca harán algo fuera de lo establecido como permitido. Si dentro de la familia se aplicara el sistema vertical, se respetara la autoridad del padre y se le obedeciera en todo, ese mismo esquema se repetiría a nivel social y se respetaría en el mismo sentido vertical, la autoridad del Estado.

El problema surge cuando la religión ya no es un aspecto primordial en la vida del ciudadano de las grandes urbes y cuando la situación económica ha propiciado que ambos padres salgan a trabajar, descuidando su educación, ya sea en el aspecto académico o ético.

En este sentido lo que fue la ideología dominante (religión-familia) ha tenido un giro y actualmente se dirige a la escuela.

Ciertamente a través de los libros de texto gratuito se transmitirá a los alumnos el tipo de valores deseable en la población, desde un sentido de identidad nacional hasta el cuidado por la naturaleza, al igual que el respeto por las leyes y por las instituciones. A nivel de universidad pública, todavía de acuerdo a la ideología que nos han transmitido, el mayor anhelo del alumno es titularse y trabajar como empleado o como servidor en alguna dependencia de gobierno. Si pensamos en la ideología transmitida a quienes estudian en el Tecnológico de Monterrey y en sus proyectos de vida, éstos implican ser empresarios, inversionistas, etc.

Por esto es que Althusser menciona como función de los Aparatos del Estado (represivos e ideológicos) la reproducción de las relaciones de producción (capitalismo/explotación).

La ideología entonces es una construcción imaginaria, una representación del individuo en relación con sus condiciones reales de existencia y su función es convertir a los individuos en sujetos: El individuo concreto, individual, irrepetible, es convertido en “sujeto” (del verbo “sujetar”) precisamente de la ideología.

Legitimación del Estado en la aplicación de la pena (ius puniendi)

El análisis de la aplicación de la pena, al igual que en el pasado, sigue siendo un ejercicio de poder puro y llano, la pena es aplicada siempre en un marco de necesidad de legitimación que enarbola fines atribuidos al ejercicio punitivo. Entendemos la historia pero ésta sigue sin ser cambiada: se siguen enarbolando fines que no son cumplidos. En la época del Derecho Penal moderno, aún se pretende con la punición, prevenir el delito intimidando, readaptando o segregando.

Este ejercicio de poder del Estado inserto en la aplicación de las penas (ius puniendi), ha sido legitimado por los gobernados con un fundamento teórico de acuerdo a la época que se vive: en el estado absolutista, el monarca recibe el poder directamente de Dios. Ya desde San Pablo8, la idea permanece clara, la autoridad lo es por designio divino, lo cual tiene como consecuencia que éste es titular del poder para castigar. El estado absolutista y su combinación con la venganza pública permanecen por varios siglos, hasta que por el movimiento armado en Francia se provoca el cambio al estado liberal. Previo a la revolución francesa, Juan Jacobo Rousseau proponía una cesión voluntaria de libertades al grupo en el poder, quien por esta razón sería el titular del ius puniendi.

El estado liberal, bajo la influencia del iluminismo propone ya el respeto para el individuo e introduce la idea de la democracia, donde el titular del ius puniendi será el representante del pueblo.

A pesar de ser ideológicamente aceptado, el estado liberal mostraba en la realidad fuertes contradicciones: una sociedad de poseedores y no poseedores; igualdad política y desigualdad económica; autonomía ética y dependencia económica, etc.

En busca de legitimación, el Estado se ve en la necesidad de adoptar estrategias de intervención en el mercado, con el fin de postular la defensa de los sectores sociales débiles. En esta etapa de la historia, con el estado intervensionista, los problemas son determinados científicamente. En el aspecto del Derecho Penal, surge la criminología, la prevención como fin de aplicación de la pena y el establecimiento de medidas de seguridad.

Después de la segunda guerra mundial y advirtiendo lo que una “medida de seguridad” puede ocasionar (exterminio de judíos por el Estado Nazi), se indaga sobre los límites formales y materiales al ejercicio del ius puniendi como facultad del Estado, y surge un movimiento mundial que antepone el respeto de los derechos humanos (1948) a dicho ejercicio.

El estado intervensionista cede el paso al estado neoliberal en el que actualmente nos encontramos. Este último se desenvuelve en un contexto general de crisis económica, deudas externas, recortes al presupuesto en renglones de asistencia social, etc., trayendo como consecuencia el endurecimiento del Derecho Penal9 y finalmente su crisis. Mas esto ya fue presenciado por la historia de la Edad Media y simplemente ahora se repite.

Para explicar este fenómeno, es necesario recordar las consecuencias del cambio del modo de producción feudal tradicional al capitalismo incipiente:

Con la aparición de la industria y el comercio como fuentes económicas importantes, los señores feudales abandonan la agricultura, que era la actividad tradicional, y adoptan la ganadería bovina que abastecería de lana a la industria textil. Esto representaba un mayor ingreso debido a la demanda en dicho sector. En la realidad del vasallo feudal, sin embargo, esto significó desempleo: el número de personas requerido para vigilar un rebaño de ovejas era muy inferior al utilizado en las labores del cultivo.

La consecuencia fue la emigración de la población a las grandes ciudades, mismas que se llenaron de mendigos y vagabundos. Esta situación y la necesidad de mano de obra al menor costo, provocaron que el Estado creara, por un lado, leyes que establecían la pena de muerte contra la vagancia10 y por otro, las casas de trabajo.

Retomando el punto histórico del estado neoliberal, nos enfrentamos nuevamente a un cambio en el modo de producción. Dentro del capitalismo propiamente dicho, aparecen las figuras de los propietarios de los medios de producción y los obreros pertenecientes al proletariado. En el estado neoliberal, sin embargo, ya no es necesario ser propietario de los medios de producción para generar ganancias y aumentar el capital. Sólo se requiere de invertirlo en acciones o casas de bolsa. Los problemas del manejo de una fábrica o empresa desaparecen y los rendimientos son mayores. Como ejemplo, de acuerdo a la opinión francesa, su imagen como país del primer mundo tiene que ver con la disminución de fábricas en su territorio.

Este cambio en el modo de producción ha tenido la misma consecuencia que en el cambio dado en el feudalismo: Desempleo.

Lógicamente, también se ha tenido la misma solución por parte del Estado: el endurecimiento del Derecho Penal. En esta ocasión y en respuesta al desempleo, lo que se ha dado es un incremento de hipótesis de conductas delictivas en la normatividad penal para el delito de robo, sin embargo, a pesar del endurecimiento del sistema traducido en el incremento de las penas, el resultado ha sido el aumento de la criminalidad.

Como podemos apreciar, por un lado el desempleo creciente ocasionado por el momento económico (cambio del modo de producción) que vive nuestro país y por otro el aumento de la criminalidad a pesar de las medidas de política criminal adoptadas (incremento de penas), dan como resultado una crisis de hecho del Derecho Penal. En consecuencia, si por el Derecho Penal el Estado justifica su existencia, esta crisis provoca la transformación del ius puniendi en un ejercicio de poder en el que los límites11 muchas veces son rebasados.

Justificación del ejercicio del poder y la orientación del poder punitivo

Si se toma como base la teoría contractualista, los gobernados cedemos una parte de nuestra libertad para sujetarnos a las normas que impondrán aquellos a quienes nosotros mismos hemos elegido para representarnos.

En este sentido, el Estado, y más concretamente el grupo en el poder, tiene el derecho, facultad o deber de aplicar el castigo a través de las normas penales (ius puniendi), pero también de crearlas (ius poenale).

Al tener el Estado en sus manos el derecho o facultad de la creación de normas jurídicas penales, tiene también, a través de éste, la oportunidad de dirigir el control punitivo hacia los sectores deseados, hacia aquellos sobre los que se quiere hacer más manifiesto el ejercicio del poder. El Estado decide el tipo de criminalidad que quiere combatir y en ese sentido asignará penas de prisión. En virtud de que la única pena psicológicamente existente y socialmente visible es la privativa de libertad, en el presente apartado, se analizará la población de los centros de reclusión, a fin de comprobar o refutar esta afirmación.

Al analizar el tipo de población de los centros de reclusión, se verifica que la gran mayoría de los que allí se encuentran son de una clase socioeconómicamente baja. Nuestras leyes son clasistas y este hecho es aceptado y aprobado por la sociedad en su conjunto. Si el fin declarado de la pena de prisión es la readaptación o la reinserción social12, instintivamente se piensa en el “inadaptado” como aquel individuo de aspecto sucio, desaliñado, de lenguaje “vulgar”. Nunca pensamos que deba ser readaptada una persona vestida formalmente y con educación a nivel profesional.

Emiro Sandoval establece al respecto que el proceso de imposición de normas y de exclusión actúa como un filtro, dejando pasar hacia la cárcel y estigmatizando, a los miembros de la clase socioeconómicamente baja… el establecimiento penitenciario se limita a recibir y a someter a su violencia a aquellos individuos que el poder, la ley, la policía y el sistema judicial le entregan tras haberlos escogido cuidadosamente a través de los procesos de creación y aplicación de las disposiciones penales. O por decirlo de otra manera, la institución privativa de libertad es clasista en la medida en que previamente también lo son el sistema jurídico y judicial13.

Probablemente, en adición a lo expresado por Emiro Sandoval, si la legislación penal fuera aplicada sin manifestaciones de corrupción, los internos en los centros de reclusión serían de clases sociales más variadas.

Pero la corrupción no es la única causa de la realidad que se presenta; ésta se debe además a que nuestro ordenamiento penal, como la mayoría de los del mundo, es clasista.

En opinión de Carrancá Boguet, el sistema penal está estructuralmente montado para que la legalidad procesal no funcione y para que el poder se ejerza en un altísimo grado de arbitrariedad selectiva. Esta selección caprichosa del poder constituye la piedra de toque a través de la cual se ejerce el control social legitimando las aberraciones del sistema, disculpando así las atrocidades cometidas en un contexto real de desigualdad14.

Esta arbitrariedad selectiva, naturalmente, se orienta hacia los sectores más vulnerables, y es producto de un ejercicio de poder que también está en manos de las agencias ejecutivas que tienen “espacio legal” para ejercer el poder represivo sobre cualquier habitante, actuando cuando lo deciden y contra quienes lo deciden. Los delincuentes siempre serán los mismos.

Se intentará, a continuación, demostrar que nuestro ordenamiento penal es clasista, que la aplicación de las penas se realiza selectivamente y a decir de Carrancá Boguet, en un contexto real de desigualdad.

El grado de escolaridad de los internos de un centro de reclusión no puede ser indicativo, según los teóricos, de que la educación formal recibida influya en el aumento o disminución de conductas delictivas, pero sirve a nuestros propósitos, esto es, a determinar la clase social de los recluidos. A nivel particular, si tomamos como ejemplo el Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal en dos fechas distintas, a tres años de distanciamiento, se observa que en Diciembre de 1997 de 4,592 internos, 3,735 tenían escolaridad hasta secundaria (completa o incompleta), es decir el 81%; el mismo dato pero en el año 2000 arroja un 80% (5,944 internos de un total de 7,419).

Ahora bien, del total de los reclusos del Distrito Federal, en febrero de 2006 se habló de que el 78% contaba con dicho nivel de escolaridad (23,397 de 30,234) y en junio de 2007 se repitió ese mismo porcentaje15. Es decir, el porcentaje es básicamente el mismo y me indica el tipo de población a la que se está dirigiendo la acción punitiva.

Por otro lado, la afirmación de que nuestro ordenamiento legal está dirigido a las clases socioeconómicamente bajas, puede ser verificada a través del análisis de los tipos penales de robo y fraude vigentes en nuestro Código Penal Federal:

Por ejemplo, un robo de $2,000.00 (Art. 371 “sin importar el monto”) ejecutado con violencia por dos o más personas tendrá una pena de 5 a 15 años, y si éste es realizado en casa habitación se aumentarán de 3 días a 10 años, es decir, se tiene una pena máxima de 25 años de prisión16, además de una multa de hasta 1000 días de salario. Por otro lado, por un fraude que involucre “x” millones de pesos, la pena máxima será de 12 años y multa de 120 veces el salario.

El robo es un delito regulado especialmente para los pobres, mientras que el fraude, en virtud de que es cometido por clases socioeconómicamente más altas, se regula con penalidades mucho más bajas. Ciertamente, se violenta más a la sociedad con un robo a mano armada a los pasajeros de un microbús que con un fraude a una Caja de Ahorros, pero el daño al patrimonio siempre es mucho mayor con este último delito.

De acuerdo a cifras obtenidas de estadísticas del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, En diciembre de 1997 el 67% de los internos estaba recluido acusado del delito de robo, mientras que el 1.4% lo era por fraude. En el año 2000 durante el mismo mes, el 62% correspondía al delito de robo y 2.1% a fraude.

Más recientemente, en el año de 2005, el informe que presentó el jefe de gobierno del Distrito Federal refiere que el 70.32% de los internos del Distrito Federal17 corresponde a delitos patrimoniales y por otro lado, ya en el 2007 en el mes de junio el mismo rubro fue de 69.67%.

Lo grave de estos porcentajes no es sólo por el delito de que se trata, sino también los montos que han implicado que por dicho delito se recluya a las personas. El diario Reforma del 31 de mayo de 2005 publicó lo siguiente: Son reos por menos de cinco mil pesos… En la ciudad de México, el 66 por ciento de los presos involucrados en el delito de robo cometieron el ilícito por montos menores a los cinco mil pesos, revelan estadísticas de la Dirección General de Prevención y Readaptación del Distrito Federal… al desglosar esta información encontramos que 2,759 internos que actualmente están en las cárceles preventivas, robaron objetos valuados entre uno y mil pesos18.

El principio de selectividad que está siendo usado por nuestras autoridades queda claramente demostrado. El aparato de justicia penal está orientado básicamente a castigar por delitos patrimoniales, privilegiando este bien jurídico tutelado, y la clase social a quien se orienta la pena de prisión es a la socioeconómicamente baja.

El fin declarado de la pena: la prevención

Como ya fue mencionado, teóricamente la aplicación de la pena tiene un fin asignado: la prevención del delito.

En una aparente superación de las teorías absolutas de la pena, donde el fin es la pena en sí misma y el castigo es aplicado como simple retribución, entramos a las teorías relativas de la pena. En las teorías relativas la pena es sólo un medio, se aplica con un fin específico: la prevención del delito.

Dicha prevención se realiza en dos grandes rubros, en primera instancia se dirige a la sociedad en general y, si ésta falla y el individuo comete un delito, se pondrá en práctica, en segunda instancia la prevención especial, dirigida al delincuente en particular a fin de que no cometa nuevamente un ilícito. Esquemáticamente la teoría de la prevención se presenta de la siguiente forma:

Teorías Relativas
La pena es sólo un medio para la realización del fin: la prevención de futuros delitos.
Prevención general positiva Dirigida a la sociedad. Prevención de los delitos a través de la generación de mayor confianza en el Derecho y en la aplicación de las leyes.
Prevención general negativa Dirigida a la sociedad. Prevención de los delitos a través de la intimidación.
Prevención especial positiva Dirigida al delincuente. Prevención de los delitos mediante el logro de la readaptación o reinserción social del individuo, lograda a través de la pena de prisión.
Prevención especial negativa Dirigida al delincuente. Prevención de los delitos por medio de la segregación o neutralización del delincuente. (Cárcel de Máxima Seguridad)

El fin no declarado de la pena: su sentido utilitario.

Cuando una pena es aplicada, se dice que cumple con un fin declarado, el incluido en el discurso, pero tiene también un fin latente, no declarado. Con un ejemplo esto quedará más claro: La Inquisición condenó a muerte en España, entre 1481 y 1809 a 31,912 personas. De este número, sin embargo, 17,659 individuos, es decir el 55% del total, fueron ejecutados en efigie19 . La pena en efigie era aplicada cuando el delincuente se había escapado. Se fabricaba entonces un muñeco de tamaño natural que lo representaba y en el que se ejecutaba la pena. Al reflexionar sobre esta pena y hacer el cuestionamiento de qué se pretendía al juzgar y ejecutar a un muñeco, se presentan las explicaciones respecto de la creencia de que simbólicamente lo que se le hiciera a la efigie lo sufriría el alma del malhechor; extraña explicación tomando en cuenta que es un tribunal religioso el que aplica la pena. Sin embargo, vayamos más allá. ¿Cuál es la función latente de esta pena? La explicación es fácil. La confiscación de los bienes por parte del Santo Oficio, era automática cuando la persona era sentenciada a muerte. Es ésta también la explicación no manifiesta del por qué el Tribunal de la Inquisición en la Nueva España sólo juzgaba a españoles y a indígenas de alta posición social; en otras palabras, sólo juzgaba a aquellos que representaran un beneficio material para el clero.

Wolf menciona que el proceder crítico descubre el momento ideológico en la contradicción inmanente entre los fines oficiales de la pena y su uso práctico, esto es, entre teoría y práctica. Ideología es, según Marx, la ‘real y existente mentira’ practicada…20

Tomando como marco las distintas fases de aplicación de la pena21 comprobamos, históricamente, que la pena sirve siempre a los intereses del Estado. En la venganza pública fue manifestación de poder del soberano y su aseguramiento en el poder, en la etapa Retribucionista, que es donde más claramente se percibe esta “utilidad”, encontramos la pena de galeras, donde los condenados eran remeros de las grandes embarcaciones que servían a la expansión comercial y militar de la época (S. XV a XVIII aprox.), la de presidios militares o presidios en obras públicas, donde los reos eran destinados a la construcción de fortalezas militares o de acueductos, caminos, muelles, etc. Los presos deportados, también dentro de esta fase fueron arrendados como esclavos a los colonos (por ejemplo, los deportados ingleses eran arrendados a colonos de Estados Unidos de Norteamérica).

Como puede apreciarse, la utilidad de las penas también puede ser analizada desde su sentido económico: cuando la mano de obra no fue necesaria, la pena era la de muerte, cuando la expansión militar y el comercio necesitaron transportación, la pena fue la de galeras, cuando se necesitó colonizar, la pena fue la deportación, cuando hubo que construir ciudades o fortalezas, el presidio en obras públicas y el presidio militar fueron implantados como pena. Más tarde, con el despegue del capitalismo, se requiere de fuerza de trabajo por lo que las penas se purgan en las Casas de Corrección o Casas de Trabajo iniciándose así la cárcel-fábrica.

A partir de la etapa Correccionalista, aparentemente la pena cambia su intención económica. No es necesaria la mano de obra por los recientes inventos y los avances presentados en la Revolución Industrial. El criminal, sin embargo aparece como un producto de la sociedad. Si existen criminales se debe a la mala distribución de la riqueza en la sociedad, luego entonces, la misma sociedad debe preocuparse de la corrección del delincuente. Con el sistema filadélfico la sociedad cuáquera norteamericana muestra su preocupación y nace con ello la penitenciaría, con la prisión como pena en sí misma y en ese entonces sin más fin que la reconciliación del penado con Dios.

El paso de la etapa Correccionalista a la Resocializante tuvo su origen con la aparición del positivismo en el mundo, con la búsqueda de la explicación científica para todos los hechos, y desde luego, para la conducta del desviado. El cambio se dio sin ninguna dificultad ya que para la sociedad en general era muy conveniente el conocer que el delincuente lo era por causas ajenas a ella, su conducta desviada se presentaba por herencia, por características físicas, atávicas o por epilepsia. Desde entonces y hasta la fecha, con la misma pena, la de prisión, se pretende conocer las causas del delito representadas en cada individuo en particular, aplicar un tratamiento (educación, trabajo y capacitación para el trabajo) y cambiar su personalidad “peligrosa” para “readaptarlo” a la sociedad.

La pena de prisión y sus fines (declarados y latentes)

Como se mencionó anteriormente, los fines que la pena enarbola no se cumplen, y en este caso la readaptación o reinserción social, tampoco. Ésta se presenta como un fin utópico, en virtud de que el tratamiento no puede ser aplicado como método cuasicientífico y esperar que el individuo, como si fuera un vegetal, muestre resultados predeterminados; y aún, si ello se pretendiera, los medios con los que se supone se debe alcanzar, simplemente no se dan en la realidad: el trabajo penitenciario y la capacitación no existen, y en cuanto a la educación, falta infraestructura por parte de la institución e interés por parte de los internos.

Acudiendo a las Teorías Interaccionistas, Becker22 cataloga como extraños a quienes no pueden llegar a cumplir las normas, pero ¿qué origina ese incumplimiento?. Lemert23 sostiene la desviación como resultado de “penalidades sociales” y como consecuencia de la presión de la sociedad a través de la miseria, la explotación, la desigualdad, etc. En una estructura donde el derecho penal está hecho para las clases menos favorecidas, esto ayudará al mantenimiento de la división de las clases sociales, según ha planteado Pearce24.

Si la desadaptación del individuo se da por las condiciones sociales de carencia que vive, qué objeto puede tener que se logre su readaptación (o reinserción), si, en el supuesto de que se lograra, se le va a devolver a ese mismo mundo de miseria. Neuman, pregunta: ¿A qué se los habrá de readaptar? Acaso a una sociedad que los compelió al delito… Se los ha de readaptar entonces a una sociedad que los hizo delincuentes25.

Se espera, asimismo, que el delincuente se adapte temporalmente a la prisión; si aplicamos la Teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland26 al espacio concreto de la prisión, por el contacto constante con sujetos de valores antisociales y actitudes delictivas frecuentes, el aprendizaje de tales conductas se llevaría a cabo, dando como resultado un delincuente especializado. Concordamos con Morris en cuanto a que todo comportamiento es, en parte, aprendido; en esto, el medio suele ser de influencia decisiva, así como frecuentemente lo son otros individuos27.

Por otra parte, en el supuesto de que se lograra la readaptación (reinserción social) del individuo, se considera de manera personal a la adaptación como una relación dual, recíproca entre sujeto y sociedad. Si el individuo que infringió la ley quedara rehabilitado por efecto del tratamiento penitenciario, se habría tenido éxito sólo con una de las partes, mientras que la otra, la sociedad, adolece todavía de condiciones socioeconómicas (de igualdad de oportunidades) desfavorables, por lo que el proceso de recuperación del delincuente quedaría incompleto. Es interesante cuestionarnos a manera particular, ¿le daría trabajo en mi casa o en mi tienda a una persona que salió del reclusorio por robo?, ¿si el problema es el tipo de delito, se lo daría si supiera que compurgó una sentencia por violación?

El concepto “readaptar” se convierte, dentro de los centros de reclusión, en un sinónimo de degradación, subordinación y adaptación forzada. Y el problema es que las consecuencias de la aplicación de la pena privativa de libertad no concluyen con la compurgación de la pena, sino se extienden más allá de la prisión transformadas manifestaciones de etiquetación.

Independientemente de lo que es obvio, teóricamente, autores como Neuman28, Roxin29, Baratta30, López Rey31, Sandoval Huertas32, Morris33, Ferrajoli34 etc., manifiestan el total fracaso de la readaptación o reinserción social como fin de la pena privativa de libertad.

En la práctica, esto es una realidad inobjetable. El fracaso de la prevención especial positiva sólo puede ser medible en términos de reincidencia. Las cifras de la reincidencia, considerada ésta no en términos estrictamente legales, sino como el hecho de no delinquir por primera vez, en general no son conocidas por causas obvias. Sin embargo, un ejemplo puede ser lo verificado personalmente en la sesión del 3 de diciembre de 1997 del Consejo Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, en la cual se informó que de un total de 4,229 reclusos en noviembre del mismo año, 2,495, es decir el 59%, eran reincidentes (no primodelincuentes).

El diario Reforma del 3 de junio de 2002 indicó que de los 22,606 internos que había al 30 de abril de 2002, 8,676 eran reincidentes, es decir, 3l 38%. Una nota del periódico El Gráfico del 9 de octubre de 2006 menciona: Reincidentes acumulan 114 detenciones en 6 meses. Carlos N. ha sido detenido en 13 ocasiones por varios robos y por repartir tarjetas de centros nocturnos en calles de la colonia Juárez. Como él, otros 12 sujetos acumulan 114 detenciones en el periodo de enero a julio de este año (2006)… Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, explicó que de enero a julio de este año se han capturado 23,744 presuntos responsables, de los cuales 6,991 ya cuentan con antecedentes penales, es decir 29.4% ya ha estado preso en algún reclusorio…

Independientemente de lo anterior, el reporte de calidad delincuencial a febrero de 2006 de la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social indicaba que de 28,482 internos que tenía el Distrito Federal en esa fecha, 2,236 eran reincidentes, es decir, la información oficial maneja sólo el 8%.

El Artículo 18 Constitucional declara a la pena de prisión como medio para alcanzar un fin: la readaptación social35. Esta es la función declarada. Ir más allá y buscar la latente no es difícil, la prisión es útil para quien la aplica, de otro modo no existiría. Entre las funciones latentes de la pena de prisión se visualizan las siguientes:

  • Demostración palpable del poder represivo del Estado
  • Lugar de ejecución de la venganza institucionalizada
  • Neutralización de los enemigos del gobierno (Cárcel de Máxima Seguridad36)
  • Utilización de la prisión como medio de legitimación del grupo en el poder (contra sujetos claves de sexenios anteriores)
  • Justificación del trabajo de las autoridades

En conclusión, la pena siempre será útil, además de tener una función en el discurso, su ejercicio dará el poder a quien la crea y aplica37.

Argumentación del Estado Mexicano para la aplicación de la pena privativa de libertad en la actualidad

Cuando en el 2002 se eliminó la pena de prisión para el robo de montos menores de 20 veces el salario mínimo la población carcelaria disminuyó38, sin embargo, al encontrarse próximas las elecciones de diputados y senadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal manejó la reforma penal como un “error” y ofreció, como promesa de campaña39, corregir tal situación por lo que nuevamente se adoptó la pena privativa de libertad para este ilícito en marzo del 2003.

Si el número de reclusos se incrementa es lógicamente por el tipo de conducta que se está criminalizando, pero por otro lado, ante el sentimiento de vulnerabilidad de la sociedad respecto del delito de robo, si un ladrón es aprehendido y el caso es acompañado de la debida publicidad, la sensación de la población será que sus autoridades están trabajando, están luchando por su seguridad. Según la declaración de Alejandro Encinas hecha en septiembre de 2006 …mientras los índices delictivos bajan, la población penitenciaria se ha incrementado, alcanzando a la fecha un registro cercano a los 33 mil reclusos40.

Por esto, además de otras cuestiones, la prisión es necesaria. Además de ser el espacio donde se pone de manifiesto el ejercicio del poder del Estado, a través de ella se muestra a la población que el gobierno está trabajando en su beneficio y se justifica la estancia del grupo en el poder.

A pesar de lo mencionado, y aún cuando sea la justificación del cumplimiento de su actuación, el Estado debe hacer un replanteamiento de la orientación punitiva que está realizando, no hacer del Derecho el principal obstáculo para lograr la democracia. En los delitos patrimoniales, a la víctima lo que le interesa es que se le devuelva el bien del que se le ha privado. Este conjunto de delitos deben castigarse con penas pecuniarias en las que se contemple la reparación del daño para el ofendido, y no con prisión. Si como se mencionó al inicio, los reclusos por delitos de este tipo son alrededor del 70% del total, con acciones como ésta, la población penitenciaria disminuiría significativamente y no se estaría penalizando un delito que es consecuencia de la política del Estado, donde lo que se requiere para realmente prevenir estas conductas, es ampliar las oportunidades de educación, de empleo, de salarios dignos, etc.

La justicia y la aplicación de la pena

La justicia implica su propio discurso. La pena, conforme a las Teorías Absolutas, no estaba en primer lugar al servicio de fines de carácter social, sino al de la realización de una idea: la justicia. Ejemplificando, en el idealismo alemán esto se refleja en la siguiente frase: Cuando se infringe la justicia, no tiene ningún valor que los hombres vivan sobre la tierra41.

Lo que se considera como pena justa es cambiante según la posición que se adopte. En su aspecto preventivo, por ejemplo, Beccaria menciona que para que una pena sea justa, no debe tener más que el grado de rigor suficiente, para alejar el crimen, aclarando no obstante, que …no es fácil conservar la proporción justa y necesaria entre los delitos y las penas42.

Sin embargo, después de lo expuesto en este ensayo, los conceptos, tanto de justicia como de democracia, quedan en el vacío cuando el Derecho es el principal obstáculo para lograrlos.

Esta afirmación se hace como conclusión del análisis de la situación de nuestro sistema penitenciario: a quién y por qué se dirige la persecución del delito y el encarcelamiento.

Se encarcela al individuo sin recursos porque el Estado, el grupo de poder en turno no tiene la capacidad de brindar oportunidades de estudio, laborales, de vida digna, a sus gobernados. Se criminalizan conductas provocadas por la misma necesidad de satisfacer requerimientos básicos de las personas al no tener un empleo formal, o bien tener uno en el que el salario mínimo es insuficiente.

La opinión de Alessandro Baratta es que

[…] irónicamente podemos decir que el sistema de justicia criminal continúa siendo la forma más injusta y también la más alejada de realizar ‘justicia y no se trata aquí de un mero juego de palabras. El funcionamiento de su mecanismo selectivo, el cual crea una reafirmación de la división de la sociedad entre clases oprimidas y opresoras, entre ricos y pobres, entre normales y desviados; su aplicación desigual, su ineficiencia en dar una respuesta satisfactoria a problemas y conflictos sociales, continúan siendo algunas de sus características más perversas.43

Conclusiones

A través del presente ensayo ha quedado demostrado cómo la ideología es usada desde el aparato en el poder para conducir a los ciudadanos hacia determinadas conductas. A través también, de la facultad que el Estado tiene de crear y aplicar las normas puede dirigir éstas hacia el sector de la población o tipo de conductas que crea pertinentes, convirtiéndolo así en un Derecho Penal Clasista. Esto es comprobado en nuestro país en lo tocante al delito de robo donde a este delito, cometido por las clases sociales socioeconómicamente bajas, se le penaliza con más años de prisión que a los autores de homicidio, por ejemplo.

La función asignada teóricamente al Derecho Penal es la prevención del Delito, y la función particular para la pena de prisión es la readaptación social, sin embargo, al no verse cumplida la función teórica en la práctica, ambos entran en crisis y a pesar de ello, la prisión es necesaria. Además de ser el espacio donde se pone de manifiesto el ejercicio del poder del Estado, a través de ella se muestra a la población que el gobierno está trabajando en su beneficio y se justifica la estancia del grupo en el poder.

Es necesario, sin embargo, reorientar la selectividad punitiva y hacer del Derecho Penal un instrumento donde no se castigue a los individuos por carecer de oportunidades de educación y empleo.


1 Código Penal para el Distrito y Territorios federales, expedido y publicado en septiembre de 1929, para iniciar su vigencia el 15 de diciembre del mismo año.

2 Suárez-Mira Rodríguez, Carlos et al., Manual de derecho penal. Parte general, Tomo I, Civitas, Madrid, 2000, p. 467

3 Art. 31 Fracciones I a IV del Código Penal para el Distrito Federal.

4 Suárez-Mira Rodríguez, Op. Cit., p. 60

5 Generalmente de 36 horas.

6 Althusser, Louis, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Quinto Sol, México, 1970

7 “El pastor maneja el poder más sobre un rebaño que sobre un territorio” señalan González Vidaurri, Alicia, et al., en: Control social en México, D. F., UNAM FES Acatlán, México, 2004

8 “Todos estén sometidos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios y cuantas existen han sido establecidas por Dios. De modo que quien desobedece a las autoridades, desobedece a la ordenación de Dios. Por consiguiente los que tal hacen, ellos mismos se acarrean la condenación”. Epístola a los Romanos 13, 1-2.

9 “Se acogen nuevas formas de delincuencia y se agravan las penas a los delitos ya existentes (sobre todo socioeconómicos), en cambio la trascendencia de la eliminación de ciertas figuras delictivas resulta prácticamente insignificante”, apunta Silva Sánchez, Jesús María, en: La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Civitas, Madrid, 1999, p. 18

10 “Durante el periodo de la reina Elizabeth (Inglaterra 1558-1603) los vagabundos eran linchados en hileras de 300 a 400 a la vez; todo esto teniendo en cuenta que la población inglesa era de alrededor de tres millones de habitantes” señalan Rusche, Georg y Otto Kirchheimer, en Pena y estructura social, Temis, Colombia, 1984, p. 20

11 Teóricamente los límites al ius puniendi o “derecho a castigar” del Estado se dividen en dos: Límites formales, representados por los principios de legalidad, jurisdiccionalidad y ejecución de la pena, y límites materiales conformados por el principio de necesidad de intervención, el de protección a los bienes jurídicos tutelados y el de respeto a la dignidad de la persona.

12 En la reforma al Art. 18 Constitucional del 18 de junio de 2008, el término de “readaptación social” es sustituido por “reinserción del sentenciado a la sociedad” y ésta será lograda a través de la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte; Al término de la “reinserción”, sin embargo, se agrega la frase “y procurar que no vuelva a delinquir”, siendo que esto último corresponde al fin de la readaptación tal como se menciona en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, Art. 12, tercer párrafo: La readaptación social tiene por objeto colocar al sentenciado ejecutoriado en condiciones de no delinquir nuevamente. Se realiza esta mención ya que el artículo constitucional en comento habla ahora de que se reinsertará socialmente al individuo y se “procurará” readaptarlo.

13 Sandoval Huertas, Emiro, Penología. Parte Especial, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1984, p. 220

14 Carrancá Boguet, Victor A., “Derecho y poder”, en: Sánchez Sandoval, Augusto y Venus Armenta Fraga, Política criminal y sociología jurídica, UNAM-ENEP ACATLAN, México, 1998, p. 41

15 78%, 27,466 de los 35,229 internos en el Distrito Federal en esa fecha.

16 Si atendemos al bien jurídico tutelado, es interesante ver que el delito de homicidio (Art. 307) se castiga en el mismo Código de 12 a 24 años de prisión y en la mayoría de los códigos locales la pena máxima para este mismo delito es de 20 años.

17 Clasificación de la población penitenciaria por tipo de delito, Informe de resultados y plan de acciones 2005-2006. Gabinete de gobierno. Seguridad Pública y Procuración de justicia, Gobierno del Distrito Federal, México, 2006

18 Diario Reforma, 31 de mayo de 2005, Sección Justicia, p. 7B

19 Hentig, Hans Von, La pena, Vol. I, Espasa Calpe, Madrid, 1967, p. 75

20 Wolf, Paul, “Esplendor y miseria de las teorías preventivas de la pena”, en: Poder y control, PPU, Barcelona, 1986 p. 68

21 A saber, Fase Vindicativa (venganza privada y venganza pública), Fase Expiacionista-Retribucionista, Fase Correccionalista y Fase Resocializante.

22 Becker, Howard S., “Los extraños. Sociología de la desviación”, en: Álvarez Gómez, Ana Josefina, Criminología. Compilación, México, UNAM-ENEP Acatlán, México, 1992, p. 32

23 Lemert, Edwin M., “Desviación primaria y secundaria”, en Alvarez Gómez, Op. Cit., p. 341

24 Pearce, Frank, “Los crímenes de los poderosos” en Alvarez Gómez, Op. Cit., p. 510

25 Neuman, Elías, Prisión abiera, Depalma, Argentina, 1984, p. 89

26 Ibidem

27 Morris, Norval, El futuro de las prisiones, Ed. Siglo XXI, México, 1989, p. 53

28 Cfr. Neuman, Op. Cit., p. 85

29 Cfr. Roxin, Claus, Política criminal y estructura del delito, PPU, Barcelona, 1992, p. 22

30 Cfr. Baratta, Alessandro, “Observaciones sobre las funciones de la cárcel en la producción de las relaciones sociales de desigualdad”, en Nuevo Foro Penal No. 15, Ed. Remis, Boogotá, 1982, p. 743

31 Cfr. López Rey y Manuel Arrojo, Criminología, Tomo II, Aguilar Ediciones, España, 1978, p. 177

32 Cfr. Sandoval Huertas, Emiro, Penología. Parte Especial, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1984, p. 220

33 Cfr. Morris, Norval, El futuro de las prisiones, Siglo XXI, México, l989, p. 66

34 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, España, 1989 p.271

35 Las últimas reformas constitucionales en materia penal de junio 2008 cambian el término a “reinserción social”, esto implicaría su integración a la sociedad, el fin de la pena, sin embargo sigue vigente, es decir, la prevención del delito, lo que se pretende es que el liberado no cometa delitos nuevamente y en ese sentido no importa la palabra que se use.

36 La tecnología ha avanzado para cumplir exactamente el mismo objetivo de las instituciones totales: vigilancia y control absolutos. Cfr. Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial Siglo XXI, México,1981, p. 253 y ss.

37 García García, Gpe. Leticia, Derecho ejecutivo penal. Análisis de la aplicación de la pena en México, Porrúa, México, 2005, pp. 40-41

38 La población penitenciaria en octubre de 2002, antes de la reforma de noviembre, era de 23,157 internos y llegó a 20,271 en marzo de 2003, mes hasta el cual estuvo vigente.

39 Elecciones para diputados federales llevadas a cabo el 6 de julio del 2003

40 Diario Reforma, 18 de septiembre del 2006, Sección Justicia, p.9

41 Roxin, Claus, Política criminal y estructura del delito, Edit. PPU, Barcelona, España, 1992, p. 10

42 Bonnesana, César, Marqués de Beccaria, Disertación sobre los delitos y las penas, Imprenta de Robert Wright, Philadelphia,1823, pp. 84, 89.

43 Baratta, Alessandro, “Democracia, dogmática y criminología: cuestiones epistemológicas y políticas de las ciencias penales contemporáneas”, en: Sánchez Sandoval, Augusto y Venus Armenta Fraga (Coords.), Política criminal y sociología jurídica, UNAM-ENEP Acatlán, México, 1998


Bibliografía

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Legislación

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Código Penal Federal
  • Código Penal para el Distrito Federal.

Fuentes hemerográficas

  • Diario Reforma, 3 de junio de 2002
  • Diario Reforma, 31 de mayo de 2005
  • Diario Reforma, 18 de septiembre de 2006
  • Diario El Gráfico, 9 de octubre de 2006
Créditos de las imágenes

GUADALUPE LETICIA GARCÍA GARCÍA es doctora en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, jefa de departamento en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, cuenta con distinciones por desempeño académico, dos libros publicados, diversos ensayos y participaciones en seminarios a nivel internacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

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Última modificación: 06 de mayo de 2014

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